La Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, aseguró este viernes que el de Electricaribe es un problema que le compete a todo el país y no exclusivamente a la Región Caribe.

La funcionaria hizo la afirmación en desarrollo de la reunión de seguimiento al proceso de intervención de Electricaribe, convocada por el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, con asistencia también del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez y la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, además de autoridades locales de la Región Caribe.

En concepto de la Ministra, el país entero está y seguirá apoyando el proceso de Electricaribe y muestra de ello es el conjunto de artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo a través de los cuales el Gobierno Central asumirá pasivos, como el pensional.

Aseguró que en las próximas dos semanas saldrá a la luz pública el nuevo reglamento para seleccionar, posiblemente dos operadores, que se encargarían de la prestación del servicio de energía en la Región.

“Debemos buscar la solución lo más rápido posible”, enfatizó la Ministra tras reiterar que el objetivo es tener el proceso de precalificación y selección de operadores en el cuarto trimestre del año.

Sin embargo, advirtió, en todo el proceso se requiere no solo de la concurrencia de la Nación sino, además, de los usuarios y entes territoriales para cumplir con las obligaciones de cartera pendientes con la empresa, “para asegurar que el proceso sea exitoso” y garantizar las inversiones requeridas por 8 billones de pesos en los próximos 10 años.

Precisó que el nuevo modelo debe tener en cuenta la diversidad del mercado en la Costa y generar un atractivo para alcanzar un mejor servicio.

“Debemos asegurar las inversiones de manera permanente”, puntualizó.

Por su parte, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, hizo un recuento del proceso de intervención, situación a la que se llegó cuando la empresa enfrentaba la terminación anticipada del suministro de energía por parte de los proveedores y una situación financiera que ponía en riesgo la continuidad en la prestación del servicio.

La situación era de tal magnitud que la empresa registraba un 60,3% de exposición de compra de energía en Bolsa, lo que encarecía su costo para la empresa y por consiguiente para los usuarios.

Agregó que a través de dos documentos Conpes se dispone de $125.000 millones y $735.000 millones, respectivamente, para contratar las inversiones de corto plazo.